En el día el día Internacional
del Preso Político, el de CTA Regional Entre Ríos, Ricardo Sánchez, dijo a AIM
que el “gobierno debe liberar a los presos políticos, derogar de la ley
Antiterrorista y desprocesar a todos los luchadores populares”.
El gobierno avanzó mucho en materia de
derechos humanos promoviendo las causas por la verdad, justicia y
memoria para los militantes sociales que fueron secuestrados por el
Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, dijo
Sánchez a esta Agencia, pero lamentó que más allá de ese significativo
progreso en las causas, “este no es un gobierno que se caracteriza por
garantizar los Derechos Humanos, ya que hay 4000 militantes sociales
procesados, se criminaliza la protesta social y se encarcela a quienes
resisten al modelo que impulsa esta gestión de Estado”.
En ese sentido, indicó que el Estado de
clase kirchnerista “debe liberar a los presos políticos, derogar de la
ley Antiterrorista y desprocesar a todos los luchadores populares”, y
recordó que desde el 2005 se festeja el día Internacional del Preso
Político “para poner de relieve la situación de miles de luchadores que
son tomados como rehenes por pelear por transformar sus diversas
realidades”.
En la Argentina, la Coordinadora por la Libertad de los Presos
Políticos, “manifiesta el compromiso permanente con la causa solidaria
con los compañeros presos y perseguidos”, dijo el dirigente sindical,
quien apuntó que es la clase trabajadora la que es perseguida por el
Estado de Clase que defiende a las patronales en detrimento de los más
débiles.
Solidaridad de clase e internacionalismo
Sánchez, plenamente consciente que la
clase trabajadora trasciende las fronteras, apuntó que actualmente los
trabajadores se enfrentan “en varios lugares de nuestro planeta a la
persistencia de gobiernos que aplican medidas represivas que limitan
cada vez más los derechos y libertades de la población, por lo que la
extensión y justificación de las prácticas como la tortura, el
aislamiento, e incluso la eliminación física de la política disidentes
es una práctica habitual”.
Está muy claro un grave deterioro de las
condiciones de vida de las personas que sufren represalias en detención
diferentes y arreglos penitenciarios. Esto también causó la riqueza de
la criminalización cada vez más aguda de las organizaciones que trabajan
para informar la solidaridad y la represión muestran con los que sufren
represalias.
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